Plan de Iguala
El Plan de Iguala fue un pronunciamiento político proclamado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821 en la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero; en el cual se declaraba la Independencia de México.
Sus tres puntos fundamentales fueron:
- Establecer la independencia de México de España.
- Establecer la religión católica como única.
- Establecer la unión de todas las clases sociales.2
Más tarde, estos tres principios (Religión, Independencia y Unión) se convertirían en las Tres Garantías que promovió el ejército que sustentaría al gobierno, al que, por la misma causa, se le llamó Ejército Trigarante.
Según este plan, el gobierno que adoptaría como nación independiente sería el de una monarquía moderada, cuya corona sería otorgada a Fernando VII miembro de la Casa de los Borbones, o en su defecto, a algún otro infante.
El plan suprimía, además, las distinciones étnicas entre los habitantes de la hasta entonces Nueva España; declaraba la igualdad de todos los individuos y, por lo tanto, en adelante todos tendrían los mismos derechos.
Para gobernar al nuevo país en lo que llegaba un príncipe a ocupar la corona, el plan proponía la creación de una "Junta Gubernativa" y, posteriormente, una Regencia que se encargaría de gobernar en lo que se elegía al nuevo emperador. Además convocaría a las Cortes para elaborar una Constitución.
El plan es una reacción a los movimientos liberales que sucedían en España, en lo que se llamaría el Trienio Liberal. Tras un pronunciamiento militar realizado en Sevilla por Rafael de Riego, este logra obligar a firmar al rey Fernando VII de Españauna constitución parlamentaria de corte liberal. Este trienio liberal dura entre 1820 y 1823, cuando Fernando VII consigue que se cree la Santa Alianza (Prusia, Austria y Rusia), que envía un ejército compuesto por 95 000 soldados en ayuda del rey (ejército llamado los Cien Mil Hijos de San Luis), restaurando el Antiguo Régimen y el absolutismo tras la Batalla de Trocadero. Esto provocó una emigración de "liberales", principalmente a Londres, y que sobrevivió malamente con un paga que les concedía el gobierno inglés.
Finalmente, exhortaba a los insurgentes a incorporarse al ya mencionado Ejército Trigarante, cuyo líder sería Agustín de Iturbide.
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Plan del Casa Mata
Plan del Casa Mata (Español: Plan de Casa Mata) fue formulado para suprimir monarquía en México y para establecer a república.
En diciembre 1822, Antonio López de Papá Noel Ana y Guadalupe Victoria firmó Plan de Casa Mata en 1 de febrero, 1823, como comienzo de sus esfuerzos de derrocar Emperador Agustín de Iturbide.
En mayo 1822, El congreso proclamó Iturbide como emperador de México. Ordenar el país como él había ordenado a ejército, él disolvió a congreso y ordenó a disidentes ser encarcelado.
Varias insurrecciones se presentaron en las provincias, de que fueron estranguladas por el ejército, excepto en quien dirigió a Antonio López de Papá Noel Ana Veracruz, porque este hombre militar tenía un acuerdo con el Echávarri general, que ordenó las fuerzas imperiales que lucharon a Papá Noel Ana. Por el acuerdo de ambas cabezas el plan de Casa Mata fue proclamado adentro 1 de febrero, 1823. Este plan no reconoció el imperio y no solicitó la reunión de un nuevoCongreso constitutivo. Los insurrectionists enviados su oferta a las delegaciones provinciales y solicitados su adherencia al plan. En el curso de solamente seis semanas el plan de Casa Mata había llegado los lugares alejados, como Tejas, y casi todas las provincias habían sido unidas al plan.
Cuando una delegación provincial aceptó el plan de Casa Mata, retiró su obediencia hacia el gobierno imperial y asumió una actitud soberana dentro de su provincia. Aislaron a Agustín de Iturbide sin más ayuda que Ciudad de México y algunas fracciones del ejército; por lo tanto, él instaló a congreso constitutivo disuelto otra vez, abdicado a la corona y huido el país en marzo de 1823. Constitución 1824 fue adoptado el año siguiente.
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Tratado de Guadalupe Hidalgo
El Tratado de Guadalupe Hidalgo (Treaty of Guadalupe Hidalgo en inglés), firmado entre México y los Estados Unidos en 1848, al final de la Guerra de Intervención Norteamericana, estableció que México cedería casi la mitad de su territorio, que comprendía la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nevada y Utah y parte de Colorado, Nuevo México y Wyoming. Como compensación, los Estados Unidos pagaría 15 millones de dólares por daños al territorio mexicano durante la guerra. (Unos 313.46 millones de dólares de 2006). Con esto México el gobierno de Santa Anna, tras perder la guerra, vende la cifra de 2 millones de km cuadrados. Entre los notables aspectos del tratado, se encuentran los siguientes: estableció al Río Bravo del Norte o Río Grande como la línea divisoria entre Texas y México; estipuló la protección de los derechos civiles y de propiedad de los mexicanos que permanecieron en el nuevo territorio estadounidense. Además, Estados Unidos aceptó patrullar su lado de la frontera y los dos países aceptaron dirimir futuras disputas bajo arbitraje obligatorio. Sin embargo, cuando el senado estadounidense ratificó el tratado, eliminó el Artículo 10, el cual garantizaba la protección de las concesiones de tierras dadas a los mexicanos por los gobiernos de España y de México. También debilitó el Artículo 9, el cual garantizaba los derechos de ciudadanía de los mismos.
Antecedentes
La política de inmigración mexicana, junto con el afán expansionista de los Estados Unidos de América, son dos de las principales causas de la Guerra México Americana. Tras la independencia de México, el país estaba profundamente desgastado tras once años de guerra intestina. La producción de productos manufacturados estaba detenida, el campo estaba en estado lamentable, la hacienda pública estaba quebrada, y las luchas por el poder no hacían más que consumir a la población en la confusión y el miedo. Paralelamente, los Estados Unidos eran un país pujante, con una industria creciente, una economía floreciente, y una población que crecía a ojos vistas. Estados Unidos acababa de adquirir los territorios de la Louisiana a Francia y las Floridas a España, pero aún soñaban con extender sus territorios hasta el pacífico, donde se estaban instalados los primeros colonos estadounidenses. Ya desde el gobierno colonial, y aún después de la Independencia, el Gobierno de México tuvo que impulsar la colonización de los vastos territorios del norte, entre ellos las Californias, el Nuevo México y Texas, cuya población total no excedía los 50 000 ciudadanos mexicanos. Para ello, se planteó una política de colonización muy sencilla e inclusiva, en la cual se venderían grandes cantidades de terreno a bajo precio, a crédito y con exención de impuestos y de aduanas por 5 años, a todo extranjero que quisiera convertirse en ciudadano mexicano, aprendiera a hablar español, fueran católicos y se comprometiera a acatar las leyes mexicanas, con el objetivo de mejorar la economía del país, que pensaban, podría subsanarse con la inversión de capitales. Para facilitar las cosas, Moses Austin sugirió al Gobierno que se otorgaran concesiones, que permitían a una persona colonizar una porción importante de territorio y recibir tierras a cambio de sus servicios. Si bien Moses Austin murió poco después, su hijo Stephen recibiría el permiso para realizar una colonización con 300 familias en las planicies de Texas. Esta concesión fue ratificada por Iturbide y después por la República Federal. A esta primera concesión les siguieron muchas más, tanto para Stephen Austin como para otros empresarios. Muchos concesionarios cobraron precios exorbitantes a los colonizadores, que sin embargo los aceptaron por ser la décima parte de lo que costaba una concesión de tierra equivalente en los Estados Unidos.
Gran número de personas procedentes de otros países se asentaron en las fértiles planicies de Texas y se convirtieron en ciudadanos legales, pero también llegaron multitudes de ciudadanos norteamericanos que aceptaron las condiciones exigidas. También comenzaron a rebelarse contra el gobierno dictatorial establecido por el general Santa Anna. Las cosas llegaron a un punto peligroso, y en 1827 se envió al general Manuel de Mier y Terán a observar y diagnosticar la situación.
Las relaciones entre México y los Estados Unidos durante este período están marcadas por el expansionismo territorial norteamericano. Desde la primera misión diplomática estadounidense en México, el ministro Joel R. Poinsett no dejó duda alguna acerca de los apetitos expansionistas, que pretendían anexarse la provincia de Texas, citando como prueba el tratado de compraventa de la Louisiana, incluía todo ese territorio mexicano. La posición de México es contundente: sólo se aceptarán los límites del Tratado de Adams-Onís de 1819, que señalaba los límites territoriales entre el territorio de la Nueva España y los Estados Unidos. Después de muchas negociaciones ese tratado es ratificado el 12 de enero de 1828. Como respuesta, el gobierno estadounidense colabora con la mayoría texana que desea independizarse de México y pasar a ser un nuevo estado de los EU., aunque estos no aceptan su incorporación en un principio. Según informes del general Mier y Terán, en 1829 los anglos aventajaban en número de ocho a cada mexicano. Mier y Terán proponía el establecimiento de presidios, la colonización del territorio por mexicanos y europeos, así como el establecimiento de aduanas. Los texanos, por su parte, estaban preocupados por las restricciones a la esclavitud que imponían las autoridades mexicanas, que habían abolido dicha institución en el resto del territorio y toleraban marginalmente su presencia en Texas. Al año siguiente don Lucas Alamán promulga una Ley de Colonización por la cual pretendía obstaculizar la llegada masiva de ciudadanos norteamericanos a Texas. La ley pretendía regular la colonización, que sería controlada directamente por el Gobierno prescindiendo de los empresarios; se enviarían 3000 hombres de las guarniciones militares de los Estados y Territorios cercanos (que se negaron a cooperar); y se enviarían "familias pobres y honestas" como colonos a Texas. Pero en aquellas circunstancias, tomando en cuenta los datos de Mier y Terán, era ya imposible controlar la provincia.
En 1836 una multitud de independentistas texanos, comandados por William Barrett Travis y Davy Crockett, se hicieron fuertes en la antigua misión de El Álamo, en San Antonio de Béjar, y se declararon en contra de la dictadura de Antonio López de Santa Anna, declarando también la independencia de Texas. La respuesta mexicana no pudo ser otra que eliminar a los rebeldes y obligar a la provincia a continuar dentro de México. A ello estuvo encaminada la expedición de Santa Anna, quien, si bien pudo someter por la fuerza a los texanos en El Álamo, en Goliad y en El Encinal del Perdido, fue completamente derrotado en la batalla de San Jacinto, a manos del general Samuel Houston. Los texanos recibieron apoyo de parte del ejército, del gobierno y de la población norteamericana. Por lo anterior, el ministro mexicano en Washington, Manuel Eduardo de Gorostiza, protestó ante el gobierno estadounidense por el paso de tropas norteamericanas, comandadas por el general Gaines, a través del Río Sabine. Los datos históricos concuerdan sobre que esta movilización había sido ordenada por el presidente Jackson.
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Plan de Ayutla
En la ciudad de Acapulco, a los 11 días del mes de marzo de mil ochocientos cincuenta y cuatro, reunidos en la fortaleza de San Diego, por invitación del señor coronel don Rafael Solís, los jefes, oficiales, individuos de tropa permanente, guardia nacional y matrícula armada que suscriben, manifestó el primero: que había recibido el señor comandante principal de Costa Chica, coronel don Florencio Villarreal, una comedida nota en la cual le excitaba a secundar, en compañía de esta guarnición, el plan político que había proclamado en Ayutla, al que en seguida se dio lectura. Terminada ésta, expuso S.S. que aunque sus convicciones eran conformes en un todo con las consignadas en ese plan, que si llegaba a realizarse, sacaría pronto a la Nación del estado de esclavitud y abatimiento a que por grados la había ido reduciendo el poder arbitrario y despótico del Excmo. señor general don Antonio López de Santa Anna. Sin embargo, deseaba saber antes la opinión de sus compañeros de armas a fin de rectificar la suya y proceder con más acierto en un negocio tan grave, y que en tan alto grado afectaba los intereses más caros de la Patria. Oída esta sencilla manifestación, expusieron unánimes los presentes, que estaban de acuerdo con ella, juzgando oportuno al mismo tiempo, que ya que por una feliz casualidad se hallaba en ese Puerto el señor coronel don Ignacio Comonfort, que tantos y tan buenos servicios ha prestado al sur, se le invitara también para que en caso de adherirse a lo que esta junta resolviera, se encargase del mando de la plaza, y se pusiera al frente de sus fuerzas; a cuyo efecto pasara una comisión a instruirle de lo ocurrido: encargo que se confirió al comandante del batallón, don Ignacio Pérez Vargas, al capitán don Genaro Villagrán y al de igual case, don José Marín, quienes inmediatamente fueron a desempeñarlo. A la media hora regresaron exponiendo: que en contestación les había manifestado el señor Comonfort, que supuesto que en el concepto de la guarnición de esta plaza, la Patria exigía de él el sacrificio de tomar una parte activa en los sucesos políticos que iban a iniciarse, lo haría gustoso en cumplimiento del deber sagrado que todo ciudadano tiene de posponer su tranquilidad y sus intereses particulares, al bienestar y felicidad de sus compatriotas; pero que a su juicio, el plan que trataba de secundarse, necesitaba algunos ligeros cambios, con el objeto de que se mostrara a la Nación con toda claridad, que aquellos de sus buenos hijos que se lanzaban es esta vez los primeros a vindicar sus derechos tan escandalosamente conculcados, no abrigaban ni la más remota idea de imponer condiciones a la soberana voluntad del país, restableciendo por la fuerza de las armas el sistema federal, o restituyendo las cosas al mismo estado en que se encontraban cuando el plan de Jalisco se proclamó; pues todo lo relativo a la forma en que definitivamente hubiere de constituirse la Nación, deberá sujetarse al Congreso, que se convocará con ese fin, haciéndolo así notorio muy explícitamente desde ahora. En vista de esas razones, que merecieron la aprobación de los señores presentes, se resolvió por unanimidad proclamar y en el acto se proclamó el Plan de Ayutla, reformado en los términos siguientes:
Que el mexicano, tan celoso de su soberanía, ha quedado traidoramente despojado de ella y esclavizado por el poder absoluto, despótico y caprichoso de que indefinidamente se ha investido a sí mismo el hombre a quien con tanta generosidad como confianza llamó desde el destierro a fin de encomendarle sus destinos;
Que bien distante de corresponder a tan honroso llamamiento, sólo se ha ocupado en oprimir y vejar a los pueblos recargándolos de contribuciones onerosas, sin consideración a su pobreza general, y empleando los productos de ellas, como en otras ocasiones lo ha hecho, en gastos superfluos y en improvisar las escandalosas fortunas de sus favoritos;
Que el plan proclamado en Jalisco, que le abrió las puertas de la República, ha sido falseado en su espíritu y objeto con manifiesto desprecio de la opinión pública, cuya voz se sofocó de antemano por medio de odiosas y tiránicas restricciones impuestas a la imprenta;
Que ha faltado al solemne compromiso que al pisar el suelo patrio contrajo con la Nación, de olvidar resentimientos personales y no entregarse a partido alguno de los que por desgracia lo dividen;
Que ésta no puede continuar por más tiempo sin constituirse de un modo estable y duradero, ni seguir dependiendo su existencia política y su porvenir de la voluntad caprichosa de un sólo hombre;
Que las instituciones son las únicas que convienen al país con exclusión absoluta de cualesquiera otras; y que se encuentran en inminente riesgo de perderse bajo la actual administración, cuyas tendencias al establecimiento de una monarquía ridícula y contraria a nuestro carácter y costumbres, se han dado a conocer ya de una manera clara y terminante con la creación de órdenes, tratamientos y privilegios abiertamente opuestos a la igualdad republicana. Y por último: considerando que la independencia y libertad de la Nación se hallan amagadas también bajo otro aspecto no menos peligroso, por los conatos notorios del partido dominante que hoy dirige la política del general Santa Anna; usando los que suscribimos de los mismos derechos de que usaron nuestros padres para conquistar esos dos bienes inestimables, proclamamos sostener hasta morir si fuese necesario, el siguiente:
1º Cesan en el ejercicio del poder público, el Excmo. señor general Antonio López de Santa Anna y los demás funcionarios que como él hayan desmerecido la confianza de los pueblos, o se opusieran al presente plan.
2º Cuando éste hubiera sido adoptado por la mayoría de la Nación, el general en jefe de las fuerzas que lo sostengan, convocará un representante por cada Departamento y Territorio de los que hoy existen, y por el Distrito de la capital, para que reunidos en el lugar que estime oportuno, elijan Presidente interino de la República y le sirvan al Consejo durante el corto periodo de su cargo.
3º El Presidente Interino, sin otra restricción que la de respetar inviolablemente las garantías individuales, quedará desde luego investido de amplias facultades para reformar todos los ramos de la Administración Pública, para atender la seguridad e independencia de la Nación, y para promover cuanto conduzca a su prosperidad, engrandecimiento y progreso.
4º En los Departamentos y Territorios en que fuere secundado este plan político, el jefe principal de las fuerzas que lo proclamaren, asociado de cinco personas bien conceptuadas, que eligirá él mismo, acordará y promulgará al mes de haberlas reunido, el Estatuto provisional que debe regir a su respectivo Departamento o Territorio, sirviendo de base indispensable para cada Estatuto, que la Nación es y será una, sola, indivisible e independiente.
5º A los quince días de haber entrado a ejercer sus funciones el Presidente Interino, convocará a un Congreso extraordinario, conforme a las bases de la ley que fue expedida con igual objeto en diez de diciembre de 1841, el cual se ocupará exclusivamente de constituir a la Nación bajo la forma de República representativa popular, y de revisar los actos del actual Gobierno, así también como los del Ejecutivo Provisional de que habla el artículo 2º. Este Congreso Constituyente, deberá reunirse a los cuatro meses de expedida la convocatoria.
6º Debiendo ser el Ejército el defensor de la independencia y el apoyo del orden, el Gobierno Interino cuidará de conservarlo y atenderlo, cual demanda su noble instituto.
7º Siendo el comercio una de las fuentes de la riqueza pública, y uno de los más poderosos elementos para los adelantos de las naciones cultas, el Gobierno Provisional se ocupará desde luego de proporcionarle todas las libertades y franquicias que a su prosperidad son necesarias, a cuyo fin expedirá inmediatamente el arancel de aduanas marítimas y fronterizas que deberá observarse, rigiendo entre tanto el promulgado durante la Administración del señor Ceballos, y sin que el nuevo que haya de sustituirlo pueda bastarse bajo un sistema menos liberal.
8º Cesan desde luego los efectos de las leyes vigentes sobre sorteos, pasaportes, capitación, derecho de consumo y los de cuantas se hubieren expedido, que pugnan con el sistema republicano.
9º Serán tratados como enemigos de la independencia nacional, todos los que se opusieren a los principios que aquí quedan consignados, y se invitará a los Excmos. señores generales don Nicolás Bravo, don Juan Álvarez y don Tomás Moreno, a fin de que se sirvan adoptarlos, y se pongan al frente de las fuerzas libertadoras que los proclaman, hasta conseguir su completa realización.
10º Si la mayoría de la Nación juzgara conveniente que se hagan algunas modificaciones a este plan, los que suscriben protestan acatar en todo tiempo su voluntad soberana.
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